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Política y regulaciónEuropa2 de septiembre de 20262 min de lectura

Por Olkeri.space

La Oficina Europea de IA envía sus primeras peticiones de información a los proveedores de modelos

Los reguladores han pedido a los proveedores de modelos de uso general que documenten seguridad, evaluaciones externas y vigilancia poscomercialización: la primera prueba concreta de si las obligaciones del reglamento pueden auditarse.

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La Oficina Europea de IA envió el 29 de agosto peticiones formales de información a varios proveedores de modelos de IA de uso general, sobre la seguridad de los modelos, las evaluaciones externas independientes y la vigilancia de los modelos una vez están en el mercado. Entre los destinatarios figurarían OpenAI, Anthropic y Google. Las peticiones llegan cuatro semanas después de que las obligaciones del reglamento de IA para modelos de uso general pasaran a ser exigibles el 2 de agosto, con sanciones de hasta el 3% de la facturación mundial.

Las peticiones de información son poco lucidas y fáciles de infravalorar. Son también el momento en que una norma deja de ser un texto y se convierte en práctica, porque fuerzan la primera respuesta a la pregunta que importa: ¿se pueden comprobar siquiera estas obligaciones?

Los tres asuntos elegidos dan en el clavo. La seguridad del modelo, la evaluación externa y la vigilancia poscomercialización son justo las áreas donde los proveedores hacen afirmaciones públicas que ningún tercero puede verificar hoy. Un laboratorio puede declarar que realizó pruebas adversarias, que dio acceso significativo a evaluadores independientes y que vigila los daños tras el lanzamiento. Mientras un regulador no reclame las pruebas que las sostienen, cada una de esas afirmaciones es una declaración de intenciones.

El problema más difícil está del lado del regulador. Juzgar si una evaluación fue de verdad independiente, o si un programa de vigilancia es algo más que un buzón de soporte, exige un criterio técnico que las autoridades de supervisión han tenido históricamente que construir despacio y a un coste alto. Una petición de información vale lo que valga la capacidad de leer la respuesta con escepticismo.

El contexto también explica el ritmo. El plazo de evaluación de conformidad para los sistemas de alto riesgo —empleo, crédito, aplicación de la ley, sanidad— se aplazó a diciembre de 2027 con el ómnibus digital, de modo que la aplicación que ahora empieza cubre la capa de los modelos y no las aplicaciones donde se concentra el daño concreto.

Habrá que ver si a estas cartas les sigue algo. Unas conclusiones publicadas, o una primera sanción, acreditarían que las obligaciones vinculan. Un silencio prolongado acreditaría otra cosa.