Por Olkeri.space
EE UU prepara una norma para cerrar el acceso remoto de China a los chips de IA
Comercio estaría preparando controles sobre los centros de datos extranjeros que alquilan computación a empresas chinas: una brecha que existe porque el derecho de exportación regula bienes, mientras la computación se vende como servicio.
Leer este artículo en: English · Français · Deutsch
El Departamento de Comercio de Estados Unidos está redactando una norma de exportación que obligaría a los centros de datos en el extranjero a impedir que empresas chinas accedan de forma remota a los chips de IA estadounidenses más avanzados, según información de The Information. Un borrador podría circular entre el sector ya en septiembre e incluiría obligaciones de conocimiento del cliente para operadores de nube y de centros de datos.
La brecha que se aborda es estructural, no accidental. Los controles de exportación regulan el movimiento de bienes a través de fronteras. Se aplican a un chip que sale del país, y en eso funcionan razonablemente bien. La computación, en cambio, no se vende como un bien: se alquila como un servicio, y un cliente en Shenzhen que alquila capacidad en Singapur no ha movido ningún artículo controlado a ninguna parte. Empresas chinas como ByteDance, Alibaba y Tencent habrían usado capacidad en terceros países como Tailandia, Malasia y Japón exactamente sobre esa base.
Cerrarla implica regular una transacción en lugar de un envío, algo bastante más difícil de redactar y mucho más difícil de hacer cumplir. Exige que operadores de otras jurisdicciones establezcan la nacionalidad de la entidad que hay detrás de una cuenta, en un sector construido sobre abstraer quién alquila qué.
El obstáculo inmediato es la competencia legal. Abogados de control de exportaciones citados en la información sobre la propuesta sostienen que la Oficina de Industria y Seguridad carece de potestad legal para vigilar el acceso remoto mientras el Congreso no se la conceda. La Remote Access Security Act, que aportaría esa base, se aprobó en la Cámara por 369 votos contra 22 en enero y desde entonces duerme en el comité bancario del Senado. Una norma dictada sin ese fundamento sería una invitación permanente al litigio, y las empresas con recursos para litigar son precisamente las que quedarían obligadas.
La pregunta de fondo es si unos controles de esta forma pueden funcionar contra un servicio. Cada ruta cerrada ha producido hasta ahora un intermediario nuevo en lugar de una ausencia de acceso, y la carga de hacerlos cumplir recae en operadores extranjeros que tienen pocos motivos para asumirla.